I CONGRESO INTERNACIONAL LAND AND HUMAN RIGHTS

Sevilla, 12, 13 y 14 de junio de 2019

La Tierra es el recurso natural por excelencia. El cuarenta por ciento de las tierras del planeta se dedican a la producción agrícola y ganadera y el noventa por ciento de nuestros alimentos provienen directa o indirectamente de la misma. Su acceso hace posible los medios de vida de un número altísimo de personas que habitan en el plantea. Lo forman la agricultura a pequeña escala y otras actividades del sector primario elemental, como la ganadería, caza-recolección, pesca artesanal, etc. En gran parte, estas poblaciones hacen uso de tierras públicas o comunitarias. Se viene a decir con considerable fundamento que más de dos mil millones de personas tienen acceso a estas tierras, también llamadas comunes o commons, según la expresión inglesa. En otros casos, incluso en mayor número, las poblaciones dependen de tierras con títulos jurídicos de tenencia no formalizados o adecuadamente protegidos jurídicamente; en numerosas ocasiones se trata de poblaciones indígenas. Estos títulos son informales, en precario, aunque hunden sus raíces en la historia.

Ahora bien, estas situaciones tradicionales han comenzado a ser modificadas sustancialmente en estos últimos años, por muy diversas causas y que están haciendo necesaria una respuesta desde el Derecho Internacional.

La manifestación más patente de todos estos fenómenos de presión sobre la tierra está siendo el llamado “land grabing” o acaparamiento de tierras a gran escala. Está ampliamente extendido e implica que empresas y fondos de inversión, de varias nacionalidades, adquieren cantidades ingentes de tierra por todo el planeta para asegurarse la provisión de alimentos o materias primas

La magnitud del fenómeno es considerablemente grande, aunque es difícil contar con un conocimiento exhaustivo y concreto de los datos de estas adquisiciones. Ya en los años 2008 y 2009 se hablaba de treinta y nueve y cuarenta y cinco millones de hectáreas. Este último dato fue reconocido por el Banco Mundial en su informe de 2010. Naturalmente, las cifras son muy superiores hoy día, estando las menores y más optimistas en 134 millones de hectáreas. En el portal web de LandInfo y en los informes de la organización Land Matrix pueden encontrarse las aproximaciones más recientes.

Pero las amenazas que se ciernen sobre el uso de la tierra aún son mayores. Véase particularmente el cambio climático y las amenazas a la sostenibilidad, como la lateralización de suelos, sequías, pérdidas de fertilidad, erosión, menor productividad por aumento de temperaturas. Si bien es cierto que los mismos son procesos naturales, no lo es menos que la influencia humana puede ser determinante, tanto de manera positiva como negativamente.

Así lo ha puesto de manifiesto la FAO de manera alarmante. El veinticinco por ciento de los suelos agrarios del mundo están degradados de manera severa. El problema ha llegado incluso a la Comisión Europea que indica que el dieciséis por ciento de la tierra arable europea está afectada por alguna degradación. Se están observando incluso prácticas de esquilmar y agotar los suelos hasta dejarlos inservibles. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ha estimado también que el ochenta y nueve por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura pueden mitigarse si se aumenta la materia orgánica del suelo.

La cuestión es, sin duda, más amplia y compleja, con numerosas manifestaciones, como el destino de tierra a biocombustible, práctica recomendada para uso de tierras marginales, aunque en la práctica, ello no se sigue, la agudización del conflicto agricultura-ganadería, por la pérdida de tierra para trashumancia, medio de vida de más de doscientos millones de personas en el mundo.

Ante este panorama, el Derecho Internacional debe reaccionar y tratar de buscar soluciones jurídicas a las principales problemáticas anteriormente descritas. Ya ha habido algunas iniciativas desde la FAO como las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra o los principios sobre inversión responsable. Pero sobre todo hay que destacar al Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en septiembre de 2012, mediante la resolución 19/21, y que ha culminado con la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el mundo rural que acaba de ser aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en este período de sesiones. En particular, es destacable la letra del artículo 17, dedicado al Derecho a la tierra y a otros recursos naturales. Su primer párrafo dispone expresamente que “los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho, individual y colectivamente, a las tierras, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques que necesitan para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar para vivir en seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura”.  La regulación se completa con seis parágrafos más en los que se incluyen cuestiones del máximo interés (entre ellas el principio de no discriminación, el reconocimiento jurídico de los títulos, la protección, la restitución, la reforma agraria y medidas para la conservación y el uso sostenible)

En este sentido, se hace necesaria esta reunión científica para promover la investigación interinstitucional e interdisciplinar, con claro protagonismo de la Universidad de Sevilla, con la finalidad de crear vínculos, cooperar y transmitir información a la población, a la comunidad científica y a actores políticos y sociales. El estudio de este derecho y su clarificación reviste, por tanto, el mayor interés científico. La oportunidad de este congreso es muy pertinente, abriéndose un call for paper internacional que esperemos tenga la mayor difusión y participación.

En consecuencia, los objetivos del presente Congreso son:

  • Promover la investigación interdisciplinar, la generación de conocimientos y de experiencias con el objeto de garantizar la sostenibilidad en los recursos naturales, como la Tierra, para todos de manera justa, sostenible, equitativa y saludable.
  • Generar conocimiento y debate entre la comunidad científica internacionales y los actores y redes internacionales políticos y sociales clave en la materia, con el fin de promover iniciativas de investigación y la adopción de políticas públicas sobre derechos humanos y Tierra.
  • Contribuir a una mejor regulación internacional del acceso a la tierra, garantizando su sostenibilidad y valor productivo, así como amparando a los amplios grupos de población cuyos medios de vida dependan de la misma
  • Fomentar el debate y aglutinar las opiniones de ponentes y asistentes para llegar a conclusiones conjuntas, fomentando la cooperación y colaboración de los diferentes organismos participantes en la actividad. Favorecer el desarrollo de la Declaración sobre Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el mundo rural.

Esperamos para este I Congreso la participación de investigadores/as de Derecho, Historia, Comunicación, Sociología, Antropología y otras ramas sociales, Investigadores/as áreas de la Ingeniería, biología, etc. cuyas líneas de trabajo o investigación estén vinculadas al marco descrito o alguno de sus simposios. Así mismo la Organización estará encantada de contar con profesionales o voluntarios que desarrollan su labor en áreas vinculadas al marco descrito.

Las comunicaciones pueden entregarse tanto en inglés como en castellano, portugués y francés.

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